Se cumplen 20 años desde aquel fatídico 13 de noviembre en el que comenzó el hundimiento del buque “Prestige” frente a las costas de Galicia. El petrolero, un monocasco construido en Japón, sufrió una vía de agua cuando navegaba a 50 Kilómetros de la costa de Finisterre. Y tras varios días de maniobra para alejarlo de la costa gallega, el barco acabó partiéndose en dos y hundiéndose a 250 Kilómetros de la costa.
El hundimiento provocó la mayor catástrofe medioambiental registrada en estas tierras al liberarse la carga que transportaba: 77.000 toneladas de fueloil. El vertido llegó también hasta las costas de Cantabria, Portugal y Francia. Y miles de voluntarios, conocidos como la marea blanca, participaron en las tareas de limpieza de las playas.
El suceso también desencadenó importantes cambios en la normativa de navegación y construcción de buques petroleros. Así, la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, prohibía la navegación a los barcos monocasco en todas las aguas a nivel global.
20 años del Prestige: Continúan las reclamaciones contra la compañía aseguradora
20 años después de la catástrofe, España mantiene abierto un pleito por 855 millones de euros contra la compañía aseguradora del buque, la London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association.
Tras el hundimiento del Prestige y la catástrofe medioambiental vivida en 2002, se inició en España un complejo proceso judicial que duró más de 15 años. Finalmente, en diciembre de 2018, el Tribunal Supremo dictaba la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de dicha catástrofe. La sentencia condenaba a la aseguradora a pagar una indemnización por los daños, hasta el límite fijado en su póliza de protección e indemnización de 1.000 millones de dólares estadounidenses.
De forma paralela, la London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited inició un procedimiento de arbitraje en Londres en base a una de las cláusulas del contrato. Dicho arbitraje dio lugar a una sentencia en la que se establecía que España sólo podía reclamar la indemnización por daños y perjuicios por medio de un procedimiento arbitral con sede en Londres y con arreglo a la legislación inglesa.
El último episodio de esta guerra judicial tenía lugar este verano. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, confirmaba que el laudo arbitral organizado en el Reino Unido no puede bloquear la sentencia española por la que se condena a la aseguradora británica a reparar los daños causados por la marea negra.
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